En medio de marchas y bloqueos por parte de la CNTE, el Senado avaló la Ley general del Servicio Profesional Docente, con lo que quedó aprobada en su totalidad la reforma educativa.
Contempla evaluaciones obligatorias y periódicas para los maestros en México, tanto para obtener plazas como ascensos.
El profesor que suspenda la primera evaluación tendrá otras dos oportunidades para aprobar, en un lapso de dos años y si no lo hace, será dado de baja.
La ley desincorpora de la evaluación docente a los profesores del Instituto Politécnico Nacional para que éstos se sujeten a su propia normativa.
Contempla que las autoridades educativas, organismos descentralizados y miembros del servicio profesional académico sean sujetos a evaluaciones.
Durante los dos primeros años las convocatorias a concursos de oposición para el ingreso de la educación básica serán solo para egresados de las normales, y en caso de no cumplir con las vacantes se emitirán convocatorias abiertas a toda la ciudadanía.
La Ley del Servicio Profesional Docente contempla que todo aquel maestro que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días, será separado de su responsabilidad.
Deja abierta la posibilidad de que el profesor impugne la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, es decir elimina el proceso sumario y les da a los trabajadores de la educación la eventualidad de defenderse apegados a derecho.
La Ley general de educación y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya fueron avaladas por el Congreso.
